No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es ganar mañana
Manuel Vélez
El Universal
Algunos indicios señalan que estamos próximos a presenciar cómo la Unidad de Inteligencia Financiera denunciará a candidatos que participaron en el proceso electoral del 6 de junio pasado. Las declaraciones de Santiago Nieto, titular de esta institución desde diciembre de 2018, dieron cuenta que ya tenían a algunos en la mira en días previos a la contienda. Tal es el caso de Samuel García, próximo gobernador de Nuevo León.
También, según declaraciones del 8 de junio del mismo titular, estas investigaciones serán extensivas a algunos candidatos a diputaciones federales y alcaldías de la Ciudad de México. Sabremos más de esto probablemente en alguna conferencia matutina en próximos días. Que no nos sorprenda que ninguna de estas investigaciones involucre candidatos afines al gobierno federal. Filias y fobias aparte, no en vano reza el refrán que vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro.
Pero, lejos de estos chaparrones políticos que caracterizarán la atmósfera postelectoral en las semanas venideras y que acapararán los titulares de medios y pasquines por igual, debemos pensar en los flujos financieros ilícitos políticos con una lente de mayor alcance que nos permita entender o siquiera plantear interpretaciones más enriquecedoras.
En épocas electorales, la violencia política atrae todos los reflectores. El alud de noticias, declaraciones, investigaciones, conferencias y reportes de calidad variopinta manifiestan como ante lo urgente del fenómeno, solemos perder de vista otros temas de igual relevancia, pero considerablemente menos taquilleros. Tal es el caso del financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, la corrupción a través de sobornos o desvíos de fondos públicos, el intercambio de bolsas de efectivo jocosamente denominadas “donativos del pueblo”, entre muchas otras manifestaciones.
