Observemos el desempeño legislativo
Francisco Rivas
El Universal
En las últimas semanas hemos visto el aumento de homicidios múltiples, entre los cuales las víctimas incluyen niñas, niños y adolescentes, todos ejecutados con lujo de violencia y que superan con creces los peores momentos de la mal llamada “Guerra Contra el Narco”.
Tan sólo en lo que va del mes, en Zacatecas 10 personas fueron ejecutadas y colgadas en un puente; en Guanajuato 14 personas fueron finadas en dos eventos delictivos -entre las víctimas hay mujeres y niños-; en Michoacán en un sólo evento se acumularon 11 víctimas de homicidio doloso -de las cuales 6 menores de edad-
Estos terribles casos son algunas de esas lamentables masacres que ocurren a diario en México y que el presidente López aseguró que ya no existían.
Lamentablemente, las condiciones de seguridad no mejoran en el país: 2019, 2020 y 2021 son los años más violentos de nuestra historia en un contexto en el que la mayor parte de los delitos crecen y donde es evidente que la delincuencia organizada controla una parte significativa del territorio nacional.
Ante todo ello en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos insistido en la necesidad de una estrategia de prevención y combate a los delitos sustentada en datos y mecanismos de evaluación, que considere los recursos humanos, tecnológicos, equipamiento suficientes y una eficiente colaboración internacional para atender la delincuencia trasnacional.
Los tres poderes de la Unión tienen que actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes efecientes y se refleje en políticas públicas efectivas. El Ejecutivo debe implementar políticas públicas eficaces; el Judicial una administración de la justicia conforme a la ley; nuestros legisladores las reformas normativas necesarias para hacer más efectivo el combate a los delitos, los recursos necesarios para que el Ejecutivo pueda cumplir el objetivo de pacificar al país y que el H. Congreso de la Unión sea el contrapeso necesario para llamar a cuentas al gobierno federal en caso de ser incapaz de lograr avances en la materia.