Perspectiva sobre el sistema de justicia penal

Ixchel Bedolla Alcántara

El Universal

Han pasado cinco años desde la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en México. La reforma constitucional del 2008 previó un periodo de 8 años para preparar la transición del sistema mixto. El nuevo sistema requirió modificaciones normativas y reingeniería de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, lo que implicó una cuantiosa inversión en capacitación a los operadores e infraestructura. Todo ello, de cara al imperativo histórico de superación de la desconfianza en un sistema ostensiblemente lento e ineficiente.

De entonces hacia acá, persisten muchos de los vicios del antiguo sistema inquisitivo: contaminación de la escena del crimen, mal manejo de la cadena de custodia, destrucción y pérdida de evidencias, análisis deficiente de pruebas, extracción de confesiones bajo tortura, coordinación precaria entre los operadores del sistema, etc.

Así, dista de sorprender que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad. Asimismo, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), durante el 2019 solamente se inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de delitos, en el 92.4% no hubo denuncia o no se inició una investigación.