Lavado de dinero-

Invertir mayor recursos a la prevención, supervisión, identificación e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita e identificar a sus beneficiarios finales.

Robustecer las capacidades de investigación de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de combate al lavado de dinero.

Modificar la figura de extinción de dominio a fin de poder aplicar eficazmente recursos sospechosos en efectivo o falsamente declarados.

Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel federal y con las procuradurías estatales. Profundizar la cooperación internacional, en especial con Estados Unidos y Canadá, y multilateral, para incrementar el intercambio de inteligencia, información y tecnología, así como en materia de asistencia jurídica y técnica.

Evaluación de las capacidades existentes y diagnóstico institucional, para diseñar un plan estratégico orientado a fortalecer las capacidades de detección y seguimiento de estas actividades para incrementar las investigaciones y sus procesos judiciales (transición y primer semestre).

Plena aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley Federal de Extinción de Dominio (inmediato).

Cambios legislativos para Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Iniciativa legislativa de inmediato).

Mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT (Hacienda) así como con la próxima Fiscalía General de la República.

Fortalecer las capacidades de los Estados para hacer frente a estos ilícitos.

Mayor coordinación estados-federación.

Más cooperación internacional a nivel bilateral y multilateral.

Tráfico de armas-

Conformar la “aduana impenetrable” realizando registros de todas las personas y vehículos que ingresan a México, además de poder escanear cada uno de los vehículos que cruza, así como el equipaje, paquetes y bolsos que traigan los pasajeros consigo, en los cruces internacionales entre México y Estados Unidos.

Fortalecer las capacidades y dotar de recursos y tecnologías suficientes al Sistema de Administración Tributaria para detectar, localizar e identificar oportunamente armas que ingresen a través de la frontera norte.

Contar con mecanismos exhaustivos de control y generación de datos que impidan que las armas sean desviadas por las mismas autoridades.

Fortalecer las capacidades de detección e investigación de los delitos vinculados al tráfico de armas a fin de tener mejor información las tendencias del tráfico de armas.

Profundizar la cooperación internacional, principalmente con Estados Unidos, para fortalecer el intercambio de información e inteligencia, y definir acciones conjuntas en la materia.

Potenciar el papel de México en el debate internacional sobre el tráfico de armas y el impacto que éstas tienen en los derechos humanos y en el desarrollo de los países.

Evaluación de las capacidades existentes y diagnóstico institucional, para diseñar un plan estratégico orientado a fortalecer las capacidades de detección y seguimiento de estas actividades para incrementar las investigaciones y sus procesos judiciales (transición y primer semestre).

Plena aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley Federal de Extinción de Dominio (inmediato).

Cambios legislativos para Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Iniciativa legislativa de inmediato).

Mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT (Hacienda) así como con la próxima Fiscalía General de la República.

Fortalecer las capacidades de los Estados para hacer frente a estos ilícitos. Mayor coordinación estados-federación.

Más cooperación internacional a nivel bilateral y multilateral.

Trata de personas-

Atender de manera transversal, y de manera focalizada, las causas estructurales que conducen a la trata de personas en las comunidades del país de mayor vulnerabilidad.

Diseñar una estrategia de capacitación continua dirigida a autoridades públicas de todos los niveles y prestadores de servicios para identificar posibles casos de trata.

Contar con un tipo penal único para sancionar el delito de trata de personas, acorde con el derecho internacional.

Crear una agencia de investigación especializada para combatir la trata de personas con presupuesto suficiente y personal interdisciplinario especializado.

Fortalecer la coordinación y las capacidades de las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y del poder judicial en todo el país.

Priorizar la cooperación internacional para facilitar el intercambio de información y de mejores.

Diagnóstico de las capacidades institucionales reales. Desmantelar a las organizaciones de crimen organizado trasnacional dedicadas a este ilícito.

Fortalecer las capacidades institucionales de atención a las víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos.

Programas de prevención, una amplia campaña de comunicación para crear conciencia sobre los daños que crea el delito de trata de personas.

Programas de atención a las víctimas de trata de personas que incluyan apoyo psicológico, capacitación y apoyos para su reinserción social.

Plena aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Se formulará una política migratoria integral para la frontera sur del país. Ésta se enfocará en la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Además, responderá a las diferentes necesidades de los flujos migratorios que entran por la frontera sur. De igual manera, se emplearán de forma eficiente todos los recursos destinados para esta situación, mejorando y ampliando también la infraestructura existente. Cooperación internacional, Ameripol, Interpol.

Prevención social de la delincuencia-

Invertir mayores recursos para reducir la violencia y para prevenir la delincuencia en las comunidades en situación de riesgo, mediante la identificación focalizada de los factores de riesgo y los grupos de atención prioritaria en cada comunidad. De manera complementaria, el programa Avanzar Contigo permitirá cerrar brechas sociales, económicas, educativas y de salud.

Asegurar la existencia de alumbrado público y cámaras de seguridad para las calles. Recuperar espacios públicos para promover la convivencia en familia y en comunidad.

Elaborar diagnósticos entre los tres niveles de gobierno que permitan definir prioridades en el ámbito territorial y en el público objetivo y que asocien con claridad los factores de riesgo con los delitos que se cometen o los problemas que los generan. Las acciones irán vinculadas a los problemas encontrados en los diagnósticos.

Generar mecanismos homologados de información entre los tres niveles de gobierno que permitan evaluar el impacto y pertinencia de las acciones preventivas.

Crear mecanismos transparentes y efectivos que permitan medir el impacto de cada acción realizada, así como el seguimiento a éstas.

Necesitamos establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.

Es fundamentalque implementemos programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.

Necesitamos considerar que hay diversos enfoques para el diseño de una estrategia de prevención, a saber: la prevención por etapas de desarrollo del delito (primaria, secundaria o terciaria) y la prevención del delito por estrategia operacional, lo cual es fundamental tener en consideración para que la implementación sea efectiva y se obtengan los resultados esperados, considerando también las particularidades de las comunidades con mayores índices de violencia.

Procuración de justicia-

Consolidar la instrumentación del Sistema de Justicia Penal.

Es necesario fortalecer la coordinación con las entidades federativas para asegurar que todas las fiscalías o procuradurías cuenten con mayores recursos, mejor infraestructura y tecnologías más innovadoras.

Impulsar un Código Nacional Penal para garantizar igual castigo para quienes cometen el mismo delito.

Dotar a la PGR de independencia técnica del poder ejecutivo, creando una Fiscalía General autónoma que genere investigaciones imparciales. Responderá a la ciudadanía mediante la instrumentación de mecanismos y exhaustivos de control y supervisión.

Asegurar, en coordinación con las entidades federativas, la autonomía técnica de los fiscales y procuradores locales, y de los funcionarios que realizan labores de investigación.

Se fortalecerá el servicio profesional de carrera y se establecerán mecanismos homologados de control y supervisión.

Cuadriplicar las capacidades de investigación y persecución de los delitos.

Revisar el sistema de distribución de competencias y jurisdicción entre la Federación y las entidades federativas para investigar y perseguir delitos, previsto en el artículo 21 constitucional.

El primer paso es avanzar en las reformas al 102 constitucional y el marco legal de la Fiscalía Nombramiento del Fiscal General de la República y de los titulares de las fiscalías especializadas.

Programa a implementar para el tránsito de PGR a Fiscalía para asegurar el éxito Paralelo: coordinación y cooperación con las Fiscalías locales, apoyarlas para su fortalecimiento institucional.

Impartición de justicia-

Asegurar que todas las entidades federativas cuenten con una instancia encargada del gobierno judicial, encargada de administrar, vigilar y disciplinar a los poderes judiciales locales, con las mismas funciones y criterios homologados.

Promover la homologación de los nombramientos de jueces y magistrados, a fin de asegurar la independencia de las instituciones judiciales en el desarrollo de sus tareas e implantar la carrera judicial y el servicio profesional de carrera en todos los poderes judiciales locales.

Promover la independencia financiera de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Asegurar una mayor coordinación entre los poderes judiciales de todos los niveles.

Promover modificaciones a la Ley de Amparo para fortalecer esta figura, mediante la eliminación de tecnicismos y formalismos excesivos que dificultan su acceso y ámbito de protección.

Incrementar el número de defensores públicos, principalmente en el ámbito estatal, fortalecer el servicio profesional de carrera y promover su independencia de los poderes ejecutivos locales.

Promover una reforma al poder judicial para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la impunidad.

Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia.

Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos los servidores públicos que participan en él.

Reclusión y readaptación social-

Invertir estratégicamente recursos para modernizar la infraestructura carcelaria.

Unificar el modelo penitenciario en todo el país que asegure un tratamiento integral a la ejecución de penas y no únicamente con un enfoque de seguridad.

Contar con personal técnico, administrativo, de seguridad y de custodia suficiente, en mejores condiciones y más capacitado, conforme a estándares internacionales.

Eliminar la corrupción, la arbitrariedad y la impunidad en los centros penitenciarios mediante mecanismos homologados de control y supervisión en el país.

Generar un sistema homologado de indicadores que brinde información oportuna, certera y transparente sobre las acciones realizadas, conforme a estándares internacionales.

Favorecer el uso de medidas alternativas a la prisión, sobre todo cuando se involucre a jóvenes y mujeres, principalmente en delitos vinculados con drogas.

Instrumentar una estrategia nacional para reducir el uso de la prisión preventiva.

Instrumentar programas eficientes de reinserción social, según el perfil de la población penitenciaria, y con personal altamente capacitado.

Garantizar el respeto a los derechos de los menores que viven en reclusión.

Evaluación del estado de los centros penitenciarios federales y estatales.

Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centrosImpulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y evaluación permanente.

Operativos en los centros de reclusión y control para frenar los auto-gobiernos. Medidas eficaces contra la corrupción.

Obligatoriedad del trabajo y educación penitenciaria. Programas de reinserción social.

Policía-

Dignificar la labor de las policías en el país y duplicar el número de éstas. Ser policía pasará de ser un plan de carrera a un plan de vida.

Aumentar y homologar los salarios de las policías federal, estatal y municipal; consolidar el servicio civil de carrera.

Unificar la estructura orgánica de las corporaciones policiales del país para generar transparencia, mejor percepción de la ciudadanía, y particularmente, resultados óptimos en el cumplimiento a sus labores.

Crear una academia de capacitación para todos los policías del país.

Vigilar personalmente la reingeniería una Policía Federal que al final del sexenio llegue a 100,000 agentes operativos. Su despliegue será en aquellos municipios con mayor índice delictivo y se concentrará en la desarticulación de los grupos criminales mediante esquemas operativos actualizados y dirigidos por trabajos de inteligencia e investigación policial.

Generar mecanismos homologados y exhaustivos de control y supervisión para transparentar las acciones de las corporaciones policiales.

Divulgar entre la sociedad la importancia/alcance de las policías; especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Sistema Nacional de Seguridad Pública-

Crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública, completo y eficaz, que integre, articule, coordine y supervise a diversos entes y organismos en todo el país. Al frente de se encontrará un Secretario Ejecutivo. Se integrarán al Sistema, entre otros la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Asuntos Internos y Bueno Gobierno, ésta última como instancia verificadora del apego a la legalidad en el ejercicio de funciones por parte de sus integrantes. La ruta crítica que seguirá cada una de las acciones mencionadas previamente será definida en el marco de la construcción del plan de gobierno que, eventualmente, se convertirá en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales correspondientes. En un primer momento, se tendrán contempladas las modificaciones legales para integrar un verdadero sistema.

Inteligencia y Seguridad Nacional-

Fortalecer las instituciones de inteligencia para que produzcan, analicen y propongan información y medidas para reducir los riesgos y amenazas que afectan la soberanía, orden y paz nacionales.

Dotar de mayor infraestructura, equipo y capacitación a los diferentes órganos de gobierno.

Fortalecer la operación de puertos, aduanas y fronteras, a fin de evitar la intervención del crimen organizado en las operaciones de salida e ingreso de mercancías desde el exterior.

Generar protocolos para impedir el ingreso ilegal de armas de fuego y de dinero en efectivo a través de la frontera norte de México.

Crear un sistema integral que permita identificar a los criminales, sus bienes y movimientos, así como su forma de operar.

Crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Promover una cooperación internacional más estratégica que permita mayor intercambio de información para identificar de manera oportuna los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

La ruta crítica que seguirán las acciones mencionadas será definida en el marco de la construcción de un plan de trabajo que eventualmente se convierta en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes.

Derechos humanos-

Fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia en los tres niveles de gobierno a fin de combatir de manera efectiva la impunidad y prevenir las violaciones a derechos humanos. Ello incluye la creación de mecanismos exhaustivos de control y supervisión.

Invertir de manera estratégica mayores recursos en la capacitación de funcionarios públicos del país, vinculados a labores de seguridad, procuración e impartición de justicia y de control migratorio, en materia de derechos humanos con enfoque de género e intercultural.

Mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada en complemento de las labores de las autoridades civiles encargadas de preservar la seguridad pública. Su labor deberá estar acotada tanto en tiempo como en funciones.

Instrumentar, en coordinación con las entidades federativas, las leyes contra la tortura y desapariciones forzadas, asegurando los recursos necesarios para ello.

Garantizar la reparación integral del daño a la víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, incluido su derecho a conocer la verdad, conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales.