¿Qué implica debilitar -aún más- nuestro Estado de Derecho?

Francisco Rivas

El Universal

Por más de una década el presidente López fue un ferviente vocero del respeto de la ley y el combate a la corrupción. En su discurso López insistió en que quien gobierna -sea este el presidente, un gobernador o un alcalde- debe ser ejemplo de honestidad y apego a la norma.

El discurso de “honestidad valiente”, junto con su promesa de ver por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, le permitió ser el presidente con la mayor legitimidad electoral de los últimos 30 años.

Sin embargo, desde el inicio de su administración, la realidad ha sido otra: en poco menos de tres años ha aumentado el porcentaje de delitos que quedan en la impunidad, ha empeorado la corrupción, se han erosionado las instituciones, se han debilitado los procesos, ha crecido la opacidad, mermado la rendición de cuentas y se han puesto en marcha políticas públicas que violan normas y tratados internacionales, es decir, ha debilitado el Estado de Derecho.

Con base en los reportes de operaciones de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada -donde se muestran menores decomisos, menores aseguramientos, menores detenciones de delincuentes que en sexenios anteriores- y con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) -donde vemos disminuir año con año el número de carpetas de investigación iniciadas por delitos federales, menos sentencias condenatorias obtenidas y un aumento en el número de personas en penales por uso de la prisión preventiva, que no cuentan con una sentencia-, podemos confirmar que en este sexenio ha aumentado la impunidad.

Tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el World Justice Project (WJP) coinciden en que desde que comenzó el gobierno del presidente López la corrupción ha aumentado. INEGI ha exhibido que la corrupción aumenta en México año tras año, mientras que el WJP presenta un documento anual en el que se evidencia cómo nuestro país ha empeorado en el ranking internacional de corrupción desde que inició esta administración federal.

En el Observatorio Nacional Ciudadano, como en muchas otras organizaciones civiles hemos publicado estudios e investigaciones como “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024)”; “Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas”; “Delitos Electorales Y Violencia Política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por covid - 19 en México”, que ponen en manifiesto cómo, a la mitad de este sexenio, nos encontramos con instituciones menos capaces, procesos menos claros -o que de plano no se cumplen-, menor transparencia y con una impartición de justicia a modo.

Asimismo, en 35 meses de gobierno se han puesto en marcha un gran número de políticas públicas que fomentan conductas ilícitas o contravienen lo ratificado en acuerdos internacionales como los “Tianguis del Bienestar” y el “Acuerdo para regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”.

Si bien en el discurso ambas políticas prometen ayudar a las clases más vulnerables del país, se olvida que con ello se incumple lo establecido en acuerdos internacionales como el T-MEC, el Tratado de Paris, las normas de la Secretaría de Salud o del SAT.

¿Qué implicaciones tiene que el gobierno federal debilite -aún más- nuestro Estado de Derecho? Las normas sirven para garantizar que los derechos individuales y colectivos se respeten, para acotar el poder del Estado.