Una peligrosa contradicción

Daniela Cristóbal

El Universal

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevó a cabo la segunda edición del proyecto “Por Un México Seguro”. El ONC contactó a los 109 candidatos que contienden por las 15 gubernaturas que se renovarán en las próximas elecciones intermedias. El objetivo de que los candidatos participarán en este proyecto consistía en que respondieran un cuestionario que les permitía exponer sus principales propuestas y proyectos en materia de seguridad y justicia. Una vez recopilada esa información, el ONC se dio a la tarea de analizar y sistematizar la información de manera que fuera comparable para ponerla a disposición de la ciudadanía y ello permitiera el ejercicio de un voto informado.

Uno de los principales hallazgos es la poca participación de los candidatos en este ejercicio de transparencia. Únicamente 13 candidatos accedieron a participar en el proyecto y todos presentaron diagnósticos que no se basan en estadísticas puntuales y propuestas incompletas o simplemente mencionaron que sus políticas en materia de seguridad están aún por definirse. Este bajo nivel de participación también se observó en iniciativas ciudadanas como 3de3 organizado por Transparencia Mexicana.

El tema de la seguridad no es menor. Todos los candidatos reconocen que la situación actual es insostenible, que los índices de violencia han permeado la vida de los ciudadanos y que urge llevar a cabo acciones para revertir el entorno actual de violencia, inseguridad e impunidad que caracteriza al país. La violencia política que ha caracterizado este proceso electoral no es ajena ni excluyente del contexto social que nos ha heredado la mala gestión de áreas de la seguridad tales como la política de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas y la prevención social de la delincuencia.