Comunicado de Prensa

El Observatorio Nacional Ciudadano, el Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C. y la Red Nacional de Observatorios Locales de Seguridad, expresa su condena por las acciones que algunos individuos ajenos a esta organización se encuentran realizando en nombre del observatorio, al llevar a cabo llamadas telefónicas con nes propagandísticos o electorales.

Nos desligamos de dichas acciones y rea rmamos que somos una organización de la sociedad civil completamente apartidista y construida por ciudadanos responsables y comprometidos con nuestra comunidad. Trabajamos arduamente desde la trinchera de la ciudadanía para promover la recuperación de la paz y la prosperidad en nuestra región.

www.onc.org.mx @ObsNalCiudadano

www.octma.org.mx @observatorioTMA

Descarga aquí

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, febrero 2016

Descarga aquí el reporte Mensual de febrero

Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir la delincuencia, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras. Para lograrlo tanto la autoridad como la sociedad requerimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas especí cas para este tipo de fenómenos.

Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas que se observan en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasi car los delitos, de rechazó al acceso a la justicia de las personas, de no registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido sistemáticamente en la importancia de estos temas y en la disposición a colaborar por el fortalecimiento institucional. Sin embargo, resulta muy preocupante que algunas autoridades rechacen el apoyo e insistan en hablar de mejoras en las condiciones de seguridad, cuando la información que se brinda no es con able para sostener dichas a rmaciones.

Un ejemplo es el Estado de México, en donde el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de homicidios dolosos y culposos, extorsiones, así como robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte — comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— , no necesariamente es una buena noticia. ¿Sin embargo, es posible afirmar que dichas cifras son del todo confiables y transparentes?

Es un hecho que las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su con abilidad. En primer lugar, ¿qué se puede a rmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 -36% menor que el de 2014- ha ocurrido en el pasado.

Otro elemento que abona a sembrar más dudas de la calidad de la información delictiva de la entidad es el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist respecto al cambio de criterio de clasi cación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este
delito de alto impacto. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.

En las solicitudes que ha efectuado el ONC se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México.
Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014, pero en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se re ere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasi can mal.

Aunado a ello, es importante considerar que las cifras o ciales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 se ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional.

En materia de secuestro, el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que, de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.

Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como parte de la sociedad civil para dar cuenta de esta problemática una y otra vez, y para coadyuvar en la solución. Por tal motivo hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasi cación y publicación de los datos de incidencia delictiva.

Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades del Estado de México desestimaron este tipo de datos, así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir la información sobre incidencia delictiva y la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.

Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los o cios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública. El Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar recursos y tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que sería donado, ha sido desperdiciado y ha negado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país, pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.

La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de con anza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y difícilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.

Carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

Ciudad de México a 21 de abril del 2016

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Pr e s e n t e

Señor Secretario, como bien sabe la violencia contra la mujer es algo cotidiano, normalizado y socialmente aceptado. Las evidencias están a la luz del día y van desde el acoso en la calle hasta las expresiones denigrantes de autoridades o personajes públicos sobre la mujer.

Por si esto no fuera suficiente, cada vez que una mujer es víctima de violencia y se atreve a alzar la voz, inmediatamente es callada y señalada como culpable por el simple hecho de ser mujer. En otras palabras, diariamente atestiguamos la victimización y revictimización de las mujeres. Lamentablemente, la violencia que diariamente padecen las mujeres no es un secreto a voces ni una novedad sino que es un problema de todos conocido.

Señor Secretario,como usted sabeser mujer en nuestro país es sumamente peligroso, no sólo por los riesgos que implica sino por la falta de acceso a la justicia, la simulación en la investigación de los casos y en la atención a las víctimas debido a que no se siguen los protocolos y normas que sirven para ello. Es peligroso ser mujerporquehay una sociedad que está dispuesta a proteger al agresor, culpar a la víctima, juzgarla y mofarse de ella. Debido a estos factores lasagresiones, violaciones, feminicidios, terminan siendo ejecutados impunemente bajo el resguardo de nuestras instituciones de procuración de justicia que terminan calificando las faltas como menores.

Justamente por cada uno de estos aspectos no es posible afirmar una disminución de 25% del feminicidio como lo ha referido en días pasados durante la presentación de la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos. Si el sustento de dicha información son estadísticas provenientes de las instituciones de procuración de justicia, estas no reflejan lo que deberían representar debido a que sederivan de las denuncias interpuestas ante autoridades que no solo no saben cómo atender a las víctimas sino que muy probablemente no están sensibilizados sobre los elementos constitutivos básicos del feminicidio. Las repercusiones de esta situación son muy claras pues no solo se trata de la revictimización de la víctima y sus familiares, sino que afecta irremediablemente la clasificación e investigación de los hechos. Por esta razón, hemos tenido conocimiento de que claros casos de feminicidios han sido clasificados y considerados como suicidios u homicidios culposos. Esto sucedió en los casos de Mariana Lima o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ambas asesinadas en el Estado de México. Por lo tanto, podemos afirmar que no tenemos certeza alguna sobre la disminución de la incidencia de feminicidios.

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) nos dimos a la tarea de analizar este delito en nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México. Los resultados de la investigación efectuada evidencian que faltan muchas cosas por hacer para atender el problema del feminicidio en nuestro país pues encontramos que:

a. Aunque desde 2007 contemos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se dispone que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar una serie de protocolos de actuación para atender este tema desde la procuración de justicia, solo 20 entidades federativas cuentan con dichos protocolos sin que esto implique todos ellos cuenten con una visión de género.

b. A pesar de la gravedad del ejercicio de violencia feminicida contra las mujeres, aún hay entidades federativas como Chihuahua y Nayarit que no cuentan con el tipo penal específico de este delito en sus respectivos códigos penales.

c. Existe una profunda incertidumbre sobre las estadísticas de feminicidios en ciertas entidades federativas como es el caso de Quintana Roo y el Estado de México. Esto se debe a que las autoridades estatales refieren estadísticas distintas ya sea en respuestas a solicitudes de información pública, en discursos oficiales o en información entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de Quintana Roo encontramos que tras una serie de feminicidios ocurridos hace unos meses, el titular de la de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante 2014 se habían cometido trecefeminicidiosy de enero a octubre de 2015 se tenía el registro de sietecasos.Estas cifras son un tanto cuestionables dada la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el ONC pues fue la siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero. (sic).

d. En el caso del Estado de México, las autoridades de procuración de justicia respondieron nuestra solicitud deinformación que durante 2014 se habían iniciado 48 averiguaciones previas, mientras que a la CNDH le reportó que inició 86 averiguaciones previas tan solo durante el primer semestre de 2014.

e.Existen criterios y procesos disimiles para la sistematización y registro estadístico de los feminicidios en las instituciones de procuración de justicia. Respecto a ello, basta retomar el caso de Oaxaca, entidad que reportó la mayor cantidad de feminicidios durante 2014 pues se iniciaron 129 averiguaciones previas. Sin embargo, esta cifra no representa solo los feminicidios ocurridos pues a partir de la incorporación del tipo penal de este delito en su respectivo código penal, se optó por determinar que todas las averiguaciones previas y legajos de investigación que se inicien con motivo de la muerte violenta de una mujer se inicien como feminicidios, determinando durante la investigación si se trata de dicho ilícito o si más bien es un homicidio doloso de mujer.

f. Al tratarse de datos provenientes de las instituciones de procuración de justicia estamos refiriéndonos exclusivamente a aquellos casos que fueron atendidos y reconocidos como feminicidios por los funcionarios. Si contrastamos dichas cifras con aquellas proporcionadas por las secretarías de salud pública encontraremos claras diferencias, las cuales no solo se explican por la unidad de análisis que cada una de ellas mide sino por lo que sucede en la investigación y registro de este delito.

Debido a lo que mencionado previamente, carecemos de estadísticas oficiales que sean objetivas y de calidad que nos permitan entender, dimensionar y atender el problema del feminicidio mediante políticas públicas focalizadas. Esta es solo la pequeña punta del iceberg pues si carecemos de este tipo de indicadores sobre esta violencia física y letal, qué podemos conocer sobre otras violencias ejercidas contra las mujeres. Es cierto que a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podemos llevar a cabo un seguimiento de la incidencia de violaciones. Es cierto que a partir de dicha información sabemos que el año con más averiguaciones previas por violación fue 2011 con un total de 15 751 casos registrados. Es cierto que además conocemos que desde 2012 se había mantenido una tendencia anual decreciente y que si comparamos los primeros 3 meses de 2016 con el mismo periodo de 2015 se observa un aumento de 4.18% de este tipo de casos. Sin embargo, estas cifras quizás reflejan una mínima fracción de las violaciones que han sido cometidas debido a que solo representan los casos denunciados y en los cuales se procedió a iniciar una averiguación previa.

Señor Secretario Osorio Chong, usted mostró sensibilidad ante el tema al presentar la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, por eso me permito solicitarle:

1. La vigilancia del cumplimiento de normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar según protocolos de actuación con visión de género.

2.Relanzar un programa de capacitación para las autoridades para identificar adecuadamente el delito, dando así acceso a la justicia a las víctima.

3. Promover una supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad.

4. Revisar que la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal estén sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y que eventualmente se evalúe si han producido resultados.

5. Promover una política educativa y social de respeto a la persona y a lo diverso.

Señor Secretario, el discurso que ha pronunciado sobre la violencia ejercida contra la mujer es de suma importancia, por eso sé que entenderá que dar datos imprecisos de bajas optimistas es un ejemplo de revictimización que fomenta la desconfianza hacia la autoridad, minimiza el problema y permite la impunidad.

Señor Secretario, debido al discurso que ha pronunciado sé que usted es sensible a los peligros que enfrentan las mujeres diariamente y que tiene el compromiso de

trabajar para tratar de disminuirlos.Desde el Observatorio Nacional Ciudadano queremos colaborar constructiva y corresponsablemente frente a este problema de seguridad humana y de derechos humanos, por ello queremos hacer de su conocimiento nuestra disponibilidad para trabajar en la construcción de una política más eficaz.

FRANCISCO RIVAS

Director General

Descarga aquí