Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

MANIFIESTO DEL “CÓMO SÍ”

El centro de toda política educativa debe ser el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes de México.

Con chantaje, violencia, desinformación y mentiras sobre falsos pagos que los padres tendrían que hacer, la cúpula de la CNTE quiere regresarnos a la época de plazas vendidas, heredadas o entregadas en automático, así como al manejo por parte de los líderes de los nombramientos y pagos de los maestros.

Con un descarado oportunismo y nostalgia por el co-gobierno con el que medraron en el pasado, ahora también la cúpula del SNTE quiere imponer sus términos.

Por ingenuidad, cinismo o ventaja política, algunas fracciones de los partidos coquetean también con cambios a modo.

Este desdén por el orden democrático genera el riesgo de cancelar la transformación del sistema educativo, y con ello un mejor futuro para la joven generación. A México le cuesta caro la aplicación selectiva de la ley.

El cambio al Artículo 3º de la Constitución permitió recuperar la rectoría del Estado democrático sobre el proyecto educativo del país, que se había perdido ante las cúpulas sindicales del SNTE y de la CNTE.

No se puede echar por la borda, sin dañar nuestra democracia, la aprobación del Legislativo federal y de los estados, ni las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que reiteraron su legalidad y congruencia con el interés superior de la infancia. La reforma educativa no tiene dueño; no es de esta administración, es de México y para los mexicanos.

Los problemas no se resuelven desquiciando las leyes para satisfacción de las clientelas. Se resuelven con la corrección de algunos instrumentos incompletos y procesos que no rinden su fruto por omisión, negligencia o impericia en su implementación.

Por ello, exigimos que:

  1. La SEP reconozca los errores y faltantes en la implementación. Estos van desde el descuido en la comunicación con las familias, los maestros y la sociedad, hasta los retrasos y omisiones en la transformación de las normales. La SEP y los estados deben activar el sistema de quejas y denuncias previsto en la ley, con folios para monitorear la atención y avance, y cortes mensuales de resolución y reparación.
  2. Las autoridades de cada estado se responsabilicen por la implementación transparente y presenten una ruta de enmienda para las distorsiones más graves. Entre ellas están las plazas no entregadas, el orden de prelación burlado, las tutorías omitidas y los aumentos escatimados.
  3. Los funcionarios federales y estatales aseguren la entrega oportuna y equitativa de los beneficios establecidos. Esto incluye el apoyo a la formación docente, los nombramientos y promociones ganados, los aumentos de horas y salario alcanzados, la regularización de infraestructura digna y la gratuidad comprobada de la escuela pública.
  4. El INEE asuma su papel como máxima autoridad sobre la evaluación del sistema educativo. La evaluación no sólo debe consistir en exámenes masivos e impersonales, sino incluir obligatoriamente observación en el aula, realizada por evaluadores certificados que sean maestros frente a grupo. Así también, se debe estudiar cómo ir dando voz a los alumnos en todo el proceso.
  5. La SEP convoque ya a la revisión del Modelo Educativo. No se trata de centrarse en un simple cambio de programas, sino lograr una discusión pertinente sobre aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, evaluación formativa y superación de la inequidad en el derecho a aprender relacionada con identidad étnica, plurilingüismo, necesidades educativas especiales o arreglo multigrado.

La transformación educativa es una necesidad sentida por toda la población. Se dio un enorme paso adelante cuando una coalición reformadora, que incluyó a organizaciones de sociedad civil, investigadores, representantes de todos los partidos y autoridades en funciones, se convencieron de dejar atrás la postración, la mediocridad y el abuso institucionalizados.

Hoy se necesita dar un paso más: exigir a la autoridad que no claudique por cálculo político, que no se deje amedrentar ni cooptar de nuevo. Pactar con las cúpulas sindicales no es dialogar con los maestros. Las familias, los maestros, y todos los ciudadanos necesitamos salir del rumor y verificar lo que establece la ley y el horizonte que abre para los niños y niñas. Sí al diálogo, pero con todos los actores.

No abandonemos el proyecto de transformación educativa, mejoremos su implementación para alcanzar la siguiente etapa.

¡Pongámonos a trabajar en el “Cómo Sí”!